No excluye que Venezuela deba acudir al desafío que se ha presentado en la CIJ, pues, conforme a un principio de derecho universalmente aceptado, cualquier corte arbitral, incluida la CIJ, tiene competencia para pronunciarse sobre su propia competencia...
JOSÉ SANTIAGO NUÑEZ GÓMEZ
Publicado el 31/05/2022
EL UNIVERSAL
Venezuela fue despojada de sus territorios en el esequibo, haciéndolos parte de los pertenecientes al Reino Unido, por la decisión (se las llama “Laudo”) de una corte arbitral; hoy son parte del territorio de Guyana, entonces, simplemente, una colonia de aquel. A la fecha de ese laudo (finales de 1899), nuestra Venezuela era un pequeño país, pobre y asolado por plagas y guerras intestinas, y el Reino Unido un gigantesco imperio -el Imperio Británico-, el más grande y poderoso de la tierra, con inmensas posesiones (India, Sur África y Australia, por sólo citar tres).
A finales de los años 40 del siglo pasado, por el testamento de un abogado norteamericano, Severo Mallet-Prevost, que participó en el caso apoyando a Venezuela -hay gringos buenos-, se conoció que el Laudo, que incluso se apartaba groseramente de las reglas con las que se formó el tribunal arbitral y regían su actuación, fue firmado por dos de los tres jueces bajo indebidas presiones ejercidas por el tercero, el ruso Federico Martens -hay rusos malos. Entonces Venezuela planteó al Reino Unido la nulidad de ese fallo arbitral y su reclamación de los territorios que, así, le fueron fraudulentamente arrebatados. La reclamación fue sobria, documentada y decididamente adelantada durante los gobiernos de Betancourt y Leoni; y, ya próxima la fecha de la independencia de Guyana, se logró, en 1966, firmar un acuerdo tripartito entre Venezuela, por una parte, y el Reino Unido junto con su colonia de Guyana Británica, por la otra, en el cual se reconocía la reclamación, es decir, se aceptaba poner el laudo en entredicho; que, de otro modo, al Reino Unido y a Guayana les hubiese bastado con rabiosamente sostener que no había nada que discutir, pues el diferendo habría quedado definitivamente resuelto por el Laudo.
Lo procedente desde entonces es la negociación entre Guyana y Venezuela -sólo eso- para la resolución pacífica de lo discutido; no caben debates judiciales ante tribunales, incluida la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y mucho menos sobre la validez del Laudo. Pero esto no excluye que Venezuela deba acudir al desafío que se ha presentado en la CIJ, pues, conforme a un principio de derecho universalmente aceptado, cualquier corte arbitral, incluida la CIJ, tiene competencia para pronunciarse sobre su propia competencia.
SANTINUNEZ@Yahoo.com
A finales de los años 40 del siglo pasado, por el testamento de un abogado norteamericano, Severo Mallet-Prevost, que participó en el caso apoyando a Venezuela -hay gringos buenos-, se conoció que el Laudo, que incluso se apartaba groseramente de las reglas con las que se formó el tribunal arbitral y regían su actuación, fue firmado por dos de los tres jueces bajo indebidas presiones ejercidas por el tercero, el ruso Federico Martens -hay rusos malos. Entonces Venezuela planteó al Reino Unido la nulidad de ese fallo arbitral y su reclamación de los territorios que, así, le fueron fraudulentamente arrebatados. La reclamación fue sobria, documentada y decididamente adelantada durante los gobiernos de Betancourt y Leoni; y, ya próxima la fecha de la independencia de Guyana, se logró, en 1966, firmar un acuerdo tripartito entre Venezuela, por una parte, y el Reino Unido junto con su colonia de Guyana Británica, por la otra, en el cual se reconocía la reclamación, es decir, se aceptaba poner el laudo en entredicho; que, de otro modo, al Reino Unido y a Guayana les hubiese bastado con rabiosamente sostener que no había nada que discutir, pues el diferendo habría quedado definitivamente resuelto por el Laudo.
Lo procedente desde entonces es la negociación entre Guyana y Venezuela -sólo eso- para la resolución pacífica de lo discutido; no caben debates judiciales ante tribunales, incluida la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y mucho menos sobre la validez del Laudo. Pero esto no excluye que Venezuela deba acudir al desafío que se ha presentado en la CIJ, pues, conforme a un principio de derecho universalmente aceptado, cualquier corte arbitral, incluida la CIJ, tiene competencia para pronunciarse sobre su propia competencia.
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