martes, 24 de mayo de 2022

¡Más motivos para demandar la nulidad del Contrato Arbitral!

 Para Venezuela, Gran Bretaña (GB) no tenía ninguna posesión, ni dominación política en alguna parte de nuestro territorio, ni colonización...


  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 24/05/2022  
    EL UNIVERSAL

Venezuela debe demandar a Guyana en la Corte Internacional de Justicia para que ésta declare la nulidad del Contrato Arbitral de Washington de 1897 (CA), el cual fijó las reglas con las que los árbitros debieron dictar el Laudo Arbitral de París de 1899 (LA). La cláusula III del CA ordena que “El tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios pertenecientes” a España y Holanda “o que pudieran ser legítimamente reclamados por ellas, “al tiempo de la adquisición de la Colonia de la Guayana Británica por la Gran Bretaña” (1814).

La reglas de la cláusula IV del CA ordenan que para decidir los árbitros “se cerciorarán de todos los hechos que estimen necesarios”; y tendrán presentes las siguientes reglas “y los principios de derecho internacional no incompatibles con ellas”: a) Una posesión por 50 años constituirá un buen título. b) Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un Distrito, así como c) la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión efectiva.

Para Venezuela, Gran Bretaña (GB) no tenía ninguna posesión, ni dominación política en alguna parte de nuestro territorio, ni colonización (salvo un pequeño lote de tierra en la margen izquierda de la desembocadura del río Esequibo), vale decir, era impensable que los árbitros dieran por cumplida alguna de esas reglas. Siendo así, esto es, inexistentes tales supuestos, es falaz hablar de incompatibilidad de “los principios de derecho internacional” con las tres reglas mencionadas. Incluso, si en alguna parte del territorio se cumpliera una de las reglas del CA para atribuir la propiedad a GB, en el resto había que aplicar el principio del uti possidetis juris.

La nulidad procede porque Venezuela: 1) Incurrió en error de derecho al consentir el CA considerando que los jueces acatarían el principio cardinal del uti possidetis juris (no obstante la confusa redacción del CA) que fue el principal motivo para que Venezuela emitiera su consentimiento. 2) Incurrió en error de hecho porque era una circunstancia esencial, por lógica y buena fe, que se aplicara el uti possidetis juris, lo cual no se hizo. GB sabía de antemano que el laudo no respetaría dicho principio. 3) En tal sentido, el secretario de Estado de EEUU (1895-97), Richard Olney, mintió (o fue engañado por GB) al expresar a José Andrade, representante de Venezuela, que la cláusula de la prescripción del CA, se refiere únicamente “a un pequeño triángulo de poca extensión entre los ríos Pomarón, Moruco y Esequibo”; y que “solo se refería a ocupaciones anteriores a 1814” (cuando GB compró las provincias de Demerara, Barbice y Esequibo). Olney preparó el terreno psicológico dentro del cual se desenvolvió la operación. Además, el consentimiento de Venezuela aprobando el CA, fue logrado por Olney (engañado o no por GB). ¿Quién en sano juicio aceptaría el CA excluyendo el uti possidetis juris? ¿Hubiera aprobado Venezuela el CA si en verdad existía, a favor de GB, posesión de 50 años, dominación política exclusiva o efectiva colonización de algún territorio?

El CA es nulo porque: 4) el objeto fue y es ilícito por el fin fraudulento consistente en la premeditada idea de atribuir sin fundamento la propiedad del territorio Esequibo a GB. La prueba está en el sofisma del CA de conceder primacía a “las reglas” en detrimento del uti possidetis juris, lo cual es una maniobra fraudulenta y argumento falso porque jamás GB tuvo posesión de 50 años, ni dominación política, ni colonización efectiva en el territorio en disputa. El LAper se (efecto y consecuencia del CA) es prueba del objeto ilícito del CA, porque sin tener GB derecho, y sin motivación, los jueces le otorgaron la propiedad. 5) Crear título de propiedad dizque con una posesión por 50 años, o con la inexistente dominación política exclusiva de un Distrito, o con su efectiva colonización (supuestos falsos, que no existían), en perjuicio del uti possidetis juris, sin explicación como lo hizo el LA, no solo es ilógico y absurdo, sino también artificio y falacia que evidencian que el consentimiento de Venezuela se obtuvo por error y fraude.

También es nulo el CA porque: 6) hubo dolo contra Venezuela consistente en las maquinaciones sin las cuales no hubiera contratado. 7) Fue redactado unilateralmente por GB y EEUU, quienes lo impusieron unilateralmente, y Venezuela lo aceptó “a ojos cerrados”, es decir, el CA no fue producto de “una libre discusión”. Venezuela no intervino en su confección. Francesco Messineo dice que “ninguna de las partes puede imponer unilateralmente el contenido de la convención y que ésta debe ser el producto de una libre discusión”. 8) Todo contrato de arbitraje es nulo cuando una parte utiliza su superioridad económica o social frente a la otra, lo cual puede conducir tanto a la concertación misma del arbitraje cuanto a las aceptaciones de disposiciones que impliquen una supremacía para la designación o recusación del árbitro. Por ello, se ha declarado la nulidad de contratos arbitrales porque una de las partes impone a la otra las reglas que están hechas a su favor. 9) Es un hecho notorio que a la debilidad económica de Venezuela se unió su inferioridad negocial. 10) No hubo voluntad real o psicológica de Venezuela, no obstante que el Congreso aprobó el CA. Éste no alcanzó a ser codeterminado para conducir a un resultado de justicia sino algo arbitrario (willkürlich) al que no puede reconocérsele tener por base la justicia, ya que la arbitrariedad jamás es derecho. 11) El CA es nulo porque su contenido no es estándar, no es claro; y nunca, antes o después de 1897, existió uno igual o similar. 

nelsonramireztorres@gmail.com

https://www.eluniversal.com/el-universal/126878/mas-motivos-para-demandar-la-nulidad-del-contrato-arbitral

martes, 17 de mayo de 2022

¡Demandar la nulidad del contrato arbitral de 1897!

 El ambiente en Venezuela, en 1897 con Joaquín Crespo, y en 1899 con Ignacio Andrade, era de anarquía política. Venezuela vivía como una viuda a la que se le acababa de morir el marido


  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 17/05/2022  
    EL UNIVERSAL

Guyana invocó en su demanda contra Venezuela el contrato de arbitraje (CA) celebrado en Washington en 1897 entre Gran Bretaña (GB) y Venezuela. Ésta, al contestar la demanda, debe alegar y contrademandar a Guyana la nulidad absoluta de dicho contrato por lo siguiente: 1) Fue hecho entre GB y EEUU, es decir, Venezuela no intervino con plena voluntad sino que fue presionada, inducida, y engañada en su buena fe con artificios para llevarla al patíbulo que significa la sentencia arbitral de París de 1899 que la despojó de sus 159.500 Km² del territorio Esequibo. 2) Violó el principio de libertad contractual, porque Venezuela no la tuvo y no estuvo frente a GB con igual derecho; y no se pusieron de acuerdo libremente sobre el CA, el cual es leonino, de mordaza, de sujeción y agarrotamiento. Venezuela perdió su autonomía negocial y se convirtió en dócil instrumento de GB. El CA tuvo por objeto no solo una desmedida limitación de la libertad en un grado lesivo al derecho y a la moral, sino que, además, es fraudulento.

3) Como explicó el Dr. Lara Peña, “El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene claras y ominosas derogaciones de las reglas del Derecho Internacional, en materia de adquisición de territorios y de ejercicio de soberanía”. La primera de ellas es “la que hace con el principio del uti possidetis juris de 1810, consagrado en América como el medio más seguro para fijar las fronteras, según las líneas de demarcación de las antiguas posesiones coloniales”. Este principio, dice Lara, es el que Venezuela alegó siempre frente a GB “desde los días iniciales de la plenipotencia de Fortique; fue alegado luego por Guzmán y sólo vulnerado por el Tratado de 1897”.

Por preverlo el CA, los jueces del Laudo de París de 1899 estaban obligados a aplicar el principio uti possidetis juris, que significa que nuestro territorio es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de 1810. Venezuela, a la sazón anarquizada y manipulada, jamás hubiera aceptado el CA si hubiese sospechado que los jueces no respetarían dicho principio. GB logró incorporar, con dolo y violencia sicológica y de hecho, un régimen en el CA para descartar premeditadamente la posesión colonial del uti possidetis juris, es decir, estableció en el CA, como medio de adquirir la propiedad, dos inaceptables figuras, como son “la dominación política exclusiva de un Distrito” y “la efectiva colonización de él”, y que cualquiera de ellas sería suficiente para crear un título de prescripción adquisitiva, lo cual es contradictorio con el uti possidetis juris.

4) Para engañar a Venezuela con el CA, GB usó como artificio-maquillaje, por un lado, el uti possidetis de facto, que prioriza la tenencia o conquista o asentamientos en el territorio, esto es, quien tenga la ocupación efectiva del territorio, se queda con él. En nuestro caso tal criterio es fraudulento e injusto porque lo correcto era aplicar el uti possidetis juris. Además, el CA es nulo porque, en verdad, GB nunca tuvo posesión pacifica al Oeste del río Esequibo, ni tampoco una ocupación efectiva que permitiera a los jueces atribuirle la propiedad. Insertar en el contrato al uti possidetis de facto1899
, porque GB no tenía la posesión de facto o de hecho al Oeste del río Esequibo, y tampoco la dominación política, con excepción del pequeño triángulo ubicado en la parte izquierda de la desembocadura de dicho río, el cual dibujó en su primer mapa el ingeniero Shomburgk en 1835 (contratado por los británicos). Precisamente, por esa razón el laudo silenció toda explicación al respecto, porque, insisto, GB no tenía prueba de que estaba “en posesión de hecho” ni en dominación política del territorio en disputa.

5) El ambiente en Venezuela, en 1897 con Joaquín Crespo, y en 1899 con Ignacio Andrade, era de anarquía política. Venezuela vivía como una viuda a la que se le acababa de morir el marido. Esta situación fue aprovechada por GB y EEUU para armar e imponer el CA. En 1869, siendo presidente de Venezuela José Ruperto Monagas, los británicos enviaron una carta a los estadounidenses en la que dice: “… existe un llamado país de Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, cuyas minor authorities (menores autoridades) no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional”. 

nelsonramíreztorres@gmail.com

martes, 10 de mayo de 2022

¡Inglaterra y Guyana nunca probaron derecho sobre El Esequibo!

 Es imperativo precisar los hechos que debemos llevar a la CIJ para que queden plasmados como base de una o varias demandas y formen parte obligatoriamente de la sentencia

  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 10/05/2022  
    EL UNIVERSAL

  • Como afirmación apodíctica, debemos establecer el hecho, y probarlo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que Gran Bretaña (GB) nunca desvirtuó los títulos de propiedad que Venezuela invocó, pues siempre evadió hablar de esos títulos y del derecho. Cuando se planteó el tema, GB echó mano a argumentos sin fundamento. Antonio Leocadio Guzmán Águeda (asesor de la cancillería en 1881), basado en estudios del Consejo de Estado en 1844, afirmó que los títulos de Venezuela hasta El Esequibo “no han podido ser contestados hasta ahora en manera alguna por el Gobierno Británico, que siempre ha eludido todo examen de nuestros títulos, limitándose a diferimientos de las negociaciones”. La verdad es que los derechos de GB no iban más allá de la margen izquierda del río Esequibo, que fue lo comprado a los holandeses.

    En septiembre de 1881, GB (Lord Granville) propuso unos límites groseros “desde la margen derecha del río Barima, y de allí será llevada al sur por encima de la montaña llamada en el mapa original de Shomburgk colina de Yarikita; luego al río Acarabisi y por éste hasta su unión con el Cuyuní, y de allí en dirección suroeste a la línea que propuso Schomburgk hasta el Esequibo”.

    Enardecido, el presidente Guzmán Blanco retiró la posibilidad de transacción, para entrar de lleno en el campo del derecho, conforme al cual el límite es el río Esequibo, tesis ésta que Guzmán sostuvo en su mensaje al Congreso en 1877.

    Mediante acción declarativa, Venezuela debe demandar a Guyana en la CIJ para que establezca en la sentencia el hecho de que Guzmán Blanco, siendo Plenipotenciario en Londres, en su carta para GB (Lord Granville) del 30 de diciembre de 1884, reiteró que “la República entiende que los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela llegaban al Esequibo, mientras la Gran Bretaña contradice esta inteligencia”. E insistió Guzmán en que “el asunto sea sometido al fallo de un tribunal de derecho que examine los títulos de las dos naciones”. Como era de esperarse, GB (Granville) se fue por la tangente, al decir que esa propuesta presenta dificultades constitucionales que impiden a GB acceder a ella. Granville fue sustituido por Rosebery en 1885, quien expresó, sin fundamento, que da especial importancia a la posesión del río Guainía.

    Mediante acción declarativa, la CIJ debe establecer en la sentencia que Venezuela rechazó enérgicamente la propuesta de Rosebery, y que Guzmán Blanco expresó que nuestra Constitución dice que sus límites son los mismos que correspondían a la Capitanía General de Venezuela en 1810; y que prohíbe la enajenación del territorio.

    Venezuela tiene interés en proponer las acciones declarativas en las demandas (recomiendo varias) contra Guyana, en doble aspecto, tanto por existir los derechos de propiedad y posesión de Venezuela sobre el territorio en disputa, como por no existir nunca dichos derechos a favor de GB ni de su heredera Guyana. Es necesario ver las cosas desde esta perspectiva porque, como hecho negativo demandado por Venezuela, Guyana tendrá la carga de la prueba y estará obligada a exhibir sus títulos de derecho (legales), los cuales no existen, como tampoco jamás los tuvieron los británicos.

    Es imperativo precisar los hechos que debemos llevar a la CIJ para que queden plasmados como base de una o varias demandas y formen parte obligatoriamente de la sentencia, es decir, hechos como base de distintas demandas y no incorporarlos solo como prueba de una pretensión amplia como lo es la acción reivindicatoria que, a no dudar, Venezuela debe interponer. nelsonramireztorres@gmail.com



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martes, 3 de mayo de 2022

¡Contraatacar legalmente a Guyana!

 Venezuela debe acumular en la contrademanda contra Guyana distintas pretensiones provenientes de su derecho de propiedad

  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 03/05/2022  
    EL UNIVERSAL

Al contestar la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Venezuela debe solicitar las nulidades del Compromiso Arbitral de 1897 y del Laudo Arbitral de 1899. Además, para resolver la cuestión limítrofe, Venezuela debe contrademandar a Guyana en el mismo escrito de contestación, para que la CIJ declare, entre otros puntos, que el territorio ubicado al Oeste del río Esequibo es propiedad de Venezuela. Se trata de una acción reivindicatoria porque el Laudo Arbitral sentenció que el territorio es de Guyana, y tácitamente le otorgó la posesión que jamás ha sido pacífica.

Adicional a los hechos y pruebas para que ganemos la acción reivindicatoria, la contrademanda debe contener cuantas acciones declarativas sean necesarias o convenientes para que la CIJ establezca, p. ej., que: 1) El intento anglo-holandés contra San Tomé de Guayana, en 1629, fue una operación de piratería y la flota enemiga fue obligada a retirarse. 2) Los holandeses estuvieron limitados, en 1648, a la islita luego conocida como Kycoveral, situada en la confluencia del río Esequibo con los ríos Cuyuní y Mazaruni. 3) Según el Tratado de Münster, España y Holanda retendrían los territorios que estaban poseyendo en 1648, se reconoció a Holanda la propiedad de los territorios conquistados y ésta se obligó a no avanzar en sus invasiones sobre territorios españoles. 4) Holanda no poseía en dicho año ningún territorio al Oeste del río Esequibo, ni siquiera Kykoveral. 5) Toda el área al Oeste de dicho río es propiedad de Venezuela. 6) Gran Bretaña ni Guyana tuvieron ni tienen título que acredite la propiedad y posesión legítima y pacífica del territorio ubicado al Oeste del río Esequibo. 7) La publicación británica The London Encyclopaedia de 1829 dice que el río Esequibo es el límite occidental entre las colonias Demerara y Esequibo, y la Guayana Española. 8) España, en todo momento, desplegó autoridad para defender su territorio contra invasiones holandesas. 9) En la carta enviada por Alejo Fortique a Aberdeen, el 16 de mayo de 1844, dice: “las bocas del Orinoco están libres, y pertenece a Venezuela toda la costa hasta el río Moroco, que queda en el Cabo Nassau”. 10) La Gran Colombia recibió de España, después de la guerra de independencia, los territorios que ésta poseía en América del Sur. 11) El territorio de Venezuela es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810.

Venezuela debe acumular en la contrademanda contra Guyana distintas pretensiones provenientes de su derecho de propiedad, y presentar, aparte, varias demandas que formen expedientes separados que luego serán acumulados.

nelsonramireztorres@gmail.com

https://www.eluniversal.com/el-universal/124863/contraatacar-legalmente-a-guyana

martes, 26 de abril de 2022

Guyana jamás ha tenido posesión pacífica

 El Derecho Internacional Público no acepta la ocupación militar o bélica como justo título de adquisición (doctrina Stimson), amén de que GB violó las obligaciones del Tratado de Münster (1648)


  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 26/04/2022  
    EL UNIVERSAL

Venezuela viene perdiendo su Esequibo por conducirse solo en el marco político y diplomático. Marcos Falcón Briceño dijo: “Guyana tiene un Laudo a su favor y la posesión del territorio. ¿Cómo vamos a invalidar eso? No parece tarea fácil. Debemos buscar otros caminos”. El rumbo correcto es el combate jurídico. Venezuela, con técnica y espíritu, debe contestar la demanda de Guyana en la Corte Internacional de Justicia y solicitar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 (LA) que nos despojó, que es nulo porque no es motivado; tiene errores esenciales; hubo exceso de poder de los árbitros e incurrieron en fraude procesal y otros delitos.

Es inmotivado porque para dar la propiedad a Gran Bretaña (GB) no analizó la regla de derecho del Compromiso Arbitral de 1897 (CA) sobre la prescripción que dice: “Una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título”. Presionada, Venezuela aceptó el CA consciente de que GB no tenía la posesión pacífica del territorio al Este del río Esequibo, y que tampoco se cumplía el requisito de más de 50 años de unas pocas invasiones. El LA omitió decir que lo único que otorga la propiedad, por prescripción adquisitiva, es la posesión pacífica, no la ocupación o invasión, figuras que no deben confundirse. A la regla jurídica de la prescripción, GB agregó en el CA esta otra regla no jurídica: “Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un Distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción”, con lo cual el CA mezcló institutos contradictorios y excluyentes como lo son la prescripción adquisitiva y la ocupación; y creó (con fraude a principios internacionales) una prescripción basada en “dominación política” o en “la efectiva colonización”, nada de lo cual motivó el LA (ni siquiera los menciona).

Las inaceptables “ocupación o invasión” el CA las disfrazó de “dominación política exclusiva” y de “efectiva colonización”, las cuales jamás existieron. El LA es nulo porque de ello nada explica. El abogado Rafael Badell Madrid dijo que el Laudo es nulo porque solo tiene “seis párrafos y menos de 900 palabras, sin explicación alguna”.

No se sabe si el despojo fue por prescripción, ocupación o invasión, dominación política o colonización. Las prácticas internacionales exigen 2 requisitos para que opere la prescripción adquisitiva: a) posesión efectiva y pacífica; y b) posesión durante más de 50 años. Un Estado por pura inacción no pierde su territorio que le pertenezca por justo título. En cambio, la ocupación, que es otro modo de adquirir la propiedad, procede cuando ocurre en un territorio abandonado (), que no es el caso de Venezuela. El Derecho Internacional Público no acepta la ocupación militar o bélica como justo título de adquisición (doctrina Stimson), amén de que GB violó las obligaciones del Tratado de Münster (1648) en el que España aceptó el río Esequibo (sólido límite natural) como frontera con la Guayana Holandesa.


Además, España siempre rechazó la ocupación o invasión de holandeses, y Venezuela hizo lo propio con los británicos, p. ej., cuando en 1841 detectó la garita inglesa en Punta de Playa, cerca del Caño Amacuro, reaccionó y logró que GB la quitara y retirara las marcas colocadas por Shomburgk. ¡Guyana jamás ha tenido la posesión pacífica!

nelsonramireztorres@gmail.com

miércoles, 20 de abril de 2022

¡Defendernos y contrademandar a Guyana!

 Venezuela debe hacerse parte en la CIJ y contrademandar (reconvención) en el mismo expediente

  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 19/04/2022  
    EL UNIVERSAL

En 2018, Guyana demandó a Venezuela para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare que: 1. El Laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, así como el límite establecido por él y el Acuerdo de 1905; 2. Guyana ejerce soberanía sobre el territorio entre el río Esequibo y el límite establecido por el Laudo y el Acuerdo; y Venezuela lo hace al Oeste de ese límite; 3. Guyana y Venezuela tienen la obligación de respetar sus integridades territoriales de acuerdo con la frontera establecida; 4. Venezuela se retirará y cesará su ocupación de la mitad oriental de la isla de Ankoko, y de los territorios de Guyana; 5. Venezuela se abstendrá de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona autorizada por Guyana para comercio en áreas marítimas de dicho territorio, sobre el cual Guyana ejerce derechos, y no interferirá las actividades guyanesas; 6. Venezuela es responsable de los daños causados.


La CIJ adujo que Venezuela no presentó alegatos y no compareció al proceso; sin embargo, decidió que de las cartas recibidas se desprende que alegó la incompetencia de la CIJ, por lo cual tramitó la incidencia como cuestión previa y difirió el procedimiento de fondo. Venezuela alegó que tiene inmunidad de jurisdicción por no ser signataria, en cuanto a ello, del Estatuto y el Reglamento de la CIJ. En diciembre de 2020, con 12 votos a favor, contra 4 de los jueces de Francia, Marruecos, Italia, y Rusia, la CIJ sentenció que es competente para conocer la validez del Laudo, y lo de la frontera terrestre del Acuerdo de 1905. Por unanimidad, sentenció que no es competente para conocer las pretensiones de Guyana sobre hechos ocurridos después de firmado el Acuerdo de Ginebra (AG).
Venezuela debe hacerse parte en la CIJ y contrademandar (reconvención) en el mismo expediente: 1) la nulidad absoluta (inexistencia) del Laudo, con base en que los árbitros no fueron imparciales; sentenciaron con abuso de poder; incurrieron en errores esenciales; el Laudo carece de motivación (muchas razones); es arbitrario y fraudulento. 2) la nulidad del Compromiso Arbitral de 1887 con base en que: a) impidieron ser parte a Venezuela; b) hubo error en su consentimiento (Richard Olney engañó a José Andrade acerca del área venezolana a arbitrar al Oeste del río Esequibo); c) hubo dolo-presión de EEUU y Gran Bretaña (GB); d) fue arbitraria la fijación de la prescripción adquisitiva en 50 años, lo cual se hizo para complacer a GB.


Venezuela debe presentar demandas contra Guyana (luego serían acumulados los expedientes). Ej., demandar: 1) se declare que son ciertos los hechos que sirvieron de fundamento al reclamo venezolano en 1962, causante del AG para que sea revisado el Laudo: a. que el territorio está en litigio o reclamación. b. el reconocimiento de la controversia porque Venezuela afirmó que el Laudo es nulo c. la búsqueda del arreglo práctico. 2) se declare que Guyana no tiene derecho, en virtud del AG, a hacer concesiones (bloques Stabroek, Roraima, Pomeroon) en el territorio en disputa por ser objeto de contención diplomática y litigio judicial. 3) la nulidad del Acuerdo de 1905 por vicios del consentimiento de Venezuela mediante violencia con el bloqueo de sus puertos, en 1902 y 1903, ejecutado por las marinas de guerra británica, alemana e italiana exigiendo el pago de deudas. 4) se declare que, en 1835, GB no poseía territorio al Oeste del río Esequibo, ni siquiera en Pomeroon, ni tiene títulos para hacerlo. 5) se declare que España cedió sus derechos a Venezuela, incluida la Provincia de Guayana, en el Tratado del 30 de marzo de 1845, la cual, según las Cédulas Reales Españolas, tenía por límite oriental el río Esequibo. 


nelsonramireztorres@gmail.com


miércoles, 13 de abril de 2022

Más defensas penales del Esequibo


El laudo es nulo, por inmotivado y fraudulento, porque ocultó que es requisito de la prescripción adquisitiva que la posesión sea pacífica, la cual jamás tuvo GB

  • NELSON RAMÍREZ TORRES 
    Publicado el 12/04/2022  
    EL UNIVERSAL


  • Richard Olney, Secretario de Estado (1895-97) de EEUU, expresó a José Andrade, representante de Venezuela, que la cláusula de la prescripción del compromiso arbitral de 1887, se refiere únicamente “a un pequeño triángulo de poca extensión entre los ríos Pomarón. Moruco y Esequibo”; y que “solo se refería a ocupaciones anteriores a 1814”. Andrade decía que “no podía constitucionalmente Venezuela aceptar enajenar ningún territorio que en 1810 pertenecía a la Capitanía General de Venezuela”. Entre los títulos de Venezuela estaba el mapa de Juan de La Cruz Cano de Olmedilla, publicado en 1799 por Francisco de Miranda con patrocinio de Gran Bretaña (GB). En 1814, ésta compró a Holanda lo que pasó a ser la Guayana Británica.


  • La interpretación de la cláusula es que se refiere a territorios ocupados durante 50 años, antes de 1814. Llegado el momento del laudo arbitral, GB adujo un alegato inadmisible: la cláusula de prescripción abarca la posesión que para 1897 (fecha del laudo arbitral) hubiese durado 50 años.

    Las diferencias comenzaron en 1840 porque GB se introdujo hacia el Oeste del río Esequibo, en territorio venezolano, y cambió la frontera con el mapa falsificado ese año por Schomburgk. GB colocó postes, Venezuela protestó y GB los quitó. Ante los árbitros, GB ocultó la línea original Schomburgk de 1835 que fija el límite en el río Esequibo, y alegó la línea publicada por Schomburk en 1840, y otra publicada por la Oficina Colonial en 1886.

    En 1850, Venezuela, para evitar más usurpaciones, aceptó la propuesta británica de congelar las hostilidades. Convinieron en respetar la disputa del territorio ubicado entre el río Esequibo y la línea Shomburgk de 1840, hasta tanto se resuelva la controversia de los 141.930 Km².

    En 1877, GB publicó un mapa con linderos y fecha falsificados (puso año 1875), en el que apareció como frontera una línea Shomburgk que incluía Punta Barima y el territorio pretendido por GB.

    En 1886, GB falsificó un nuevo mapa (el tercero) con la tercera línea Shomburgk como frontera, más hacia el Oeste, abarcando 167.830 Kms2 de territorio venezolano. GB identificó esa nueva línea con la primera línea fronteriza mencionada en toda su correspondencia enviada a Venezuela. La mala fe de GB fue tal que luego dijo que su frontera era una nueva línea en la costa hasta Upata, en Venezuela, ahora pretendiendo 203.310 Km².

    En 1887, Venezuela rompió relaciones diplomáticas y exigió el desalojo de su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Bautista Urbaneja, denunció a GB “ante todas las naciones civilizadas”, “ante el mundo en general”, “contra los actos de despojo”, “y que en ningún tiempo y por ningún motivo reconocerá como capaces de alterar en lo más mínimo los derechos que ha heredado de España”.

    El laudo es nulo, por inmotivado y fraudulento, porque ocultó que es requisito de la prescripción adquisitiva que la posesión sea pacífica, la cual jamás tuvo GB. Nunca existió, antes de 1814, posesión británica ni holandesa al Oeste del río Esequibo. También es fraudulento y nulo porque la prescripción aplicada carece de fundamento porque España ni Venezuela abandonaron el territorio al Este de dicho río.

    Lo anterior evidencia que la prescripción acogida por los árbitros fue producto de los delitos de abuso y fraude procesal.

    nelsonramireztorres@gmail.com